La siguiente monografía, titulada "La Patagonia Rebelde"; está constituída por tres secciones: una introducción; un desarrollo (Los Sucesos de la Patagonia); y una conclusión de dicho tema.

a.- En la introducción puede observarse una síntesis de los acontecimientos de la historia de nuestro país hasta la fecha. Asimismo, se aborda brevemente el tema de nuestra monografía; puntualizando los hechos más importantes sin entrar en detalle, como lo haremos en el desarrollo de la misma.

b.- En el desarrollo de esta monografía, que se titula "Los Sucesos de la Patagonia"; se tratará amplia y detenidamente el tema en cuestión, haciendo hincapié en las actitudes del gobierno y de los represores frente a los reclamos de los huelguistas, y, a su vez, la actitud de los latifundistas y las grandes empresas sureñas frente a la problemática que acarreó la posguerra en relación a los costos de las manufacturas que ellos producían.

c.- En la conclusión se expresarán nuestras opiniones acerca de la actitud de los represores, así como también la de los huelguistas, frente a los sucesos de la época; enfatizando en la acción de Kurt Wilckens.

Asimismo, la monografía posee notas al pie de las páginas; para aclarar algún hecho, así como también para comentar la fuente de dicha idea o frase.

Consideramos menester aclarar que no existe abundante información referida al tema de esta monografía; pues los sucesos que tuvieron lugar en la Patagonia entre los años 1920 y 1922 no han quedado debidamente documentados, ya que a la clase oligarca de la época no le favorecía en lo absoluto la difusión de los mismos.

Los enemigos de la revolución en la Argentina son una minoría pero controlan las palancas fundamentales del Estado, lo que los hace extremadamente fuertes. Controlan el aparato económico y jurídico y tienen a su servicio las fuerzas armadas y represivas, como instrumento principal que les garantiza la explotación al pueblo y el control del poder.

Como enseña nuestra historia, los terratenientes, primero para organizar el Estado que les asegurase el poder y luego para perpetuarse en el control de éste, apoyándose y/o subordinándose al imperialismo de turno, inglés, ruso o estadounidense, asesinaron y reprimieron a mansalva. Junto con ésto crearon las leyes y el aparato jurídico que avalara la barbarie. Así, tras más de 60 años de guerras civiles (de 1815 a 1880), fue con las armas que la oligarquía impuso la llamada Organización Nacional y masacró a los pueblos indígenas para apoderarse de sus tierras. Y en este siglo, aplastaron a sangre y fuego los levantamientos obreros, campesinos, estudiantiles y populares, cada vez que pusieron en peligro los privilegios de esa minoría que controla el poder. Ahí están de testigos las masacres del 1º de mayo de 1904, de la semana de mayo de 1909, la Semana Trágica de enero de 1919, la Patagonia sangrienta de 1921, La Forestal, el golpe de 1955 y la dictadura violovidelista de 1976. Al igual que la represión de la insurrección radical de 1905, la huelga de la construcción de 1935, la huelga azucarera de 1949, las luchas de los ferroviarios y metalúrgicos de 1954, las huelgas de 1959, las puebladas del 60-70, etc., etc. Antes, como ahora, modernizaron y utilizaron el aparato represivo para frenar las heroicas luchas que jalonaron nuestra historia.

La burguesía nacional, por su dualidad, cuando estuvo en el gobierno, por un lado forcejeó con los enemigos y por el otro, muchas veces terminó siendo cómplice, avalando la represión o reprimiendo. Esta política posibilitó los golpes de Estado en 1930, 1955, 1966 y 1976; que sirvieron a las clases dominantes para recuperar el gobierno e imponer por la fuerza de las armas su política proterrateniente y proimperialista. Resultó así equivocada la idea expresada reiteradamente por el general Perón de que era necesario tiempo para ahorrar sangre. Esta opción es falsa. Ha corrido mucha sangre de la clase obrera y el pueblo, y se ha perdido mucho tiempo.

No es conciliando con los enemigos como se ahorra sufrimientos a la clase obrera y el pueblo y se defienden los intereses nacionales. Para enfrentar a los enemigos de la revolución debemos prepararnos para una lucha que es encarnizada y que será larga y no pacífica. Sólo si el pueblo toma en sus manos las armas será posible derrotar al enemigo y asaltar el poder.

A lo largo de nuestra historia, el problema de en manos de quién estaba el poder, en particular las armas, ha sido y es una de las cuestiones claves para extraer enseñanzas y prepararnos para que el accionar revolucionario de las masas desemboque en la destrucción del Estado oligárquico-imperialista y la conquista del poder. Sólo cuando el pueblo se levantó en armas pudo triunfar. Así fue frente a las invasiones inglesas en 1806 y 1807, y así fue contra el colonialismo español de 1810 a 1824.

La organización de la autodefensa armada de masas en los períodos de auge más avanzados ha dejado grandes enseñanzas. Pero tuvieron un techo propio del carácter defensivo de su objetivo. Carecieron de, o era incipiente, una dirección revolucionaria que apuntara a construir las milicias y otras formas de organización armada propias de un plan de ofensiva revolucionaria con objetivos claros. Esta falta de dirección, línea, organización y preparación para que el proletariado defina a su favor, mediante la lucha armada de masas, una crisis revolucionaria; se manifestó en cada uno de los momentos en que la lucha de clases llegó a su máxima confrontación y se debía pasar a la ofensiva, al asalto al poder.

En lo que se refiere a los diversos inconvenientes que acarreó la Primera Guerra Mundial, podemos destacar la escasez de insumos, carestías y salarios bajos. Hubo grandes huelgas, y la situación social estalló en enero de 1919, dejando un saldo trágico de muertos y heridos. En la Patagonia se desató un conflicto en 1920, que culminó con fusilamientos de huelguistas dispuestos por el coronel Varela, enviado a poner orden en la zona. La economía se fue normalizando en la posguerra. En las Universidades, estudiantes y profesores reformistas fueron ocupando posiciones toleradas por el gobierno, pero que concitaron el odio de los desplazados y de los sectores a que éstos pertenecían. No obstante todos estos problemas, la politiquería, el personalismo y las vacilaciones, la conducción de Yrigoyen se esforzó siempre por afirmar la democracia y la conciliación social.

Desde 1917, con grandes huelgas como la de los obreros ferroviarios, de la carne, azucareros tucumanos, etc., un nuevo período de auge sacude a la Argentina. Esta oleada de luchas obreras alcanza su pico más alto en la segunda semana de enero de 1919. La lucha por salario, condiciones y tiempo de trabajo de los 800 obreros de los Talleres Vasena es reprimida violentamente por la policía, dejando un saldo de 4 muertos y 30 heridos. Esta represión pone en pie a los trabajadores y el pueblo de Buenos Aires y Avellaneda.

El gobierno de Yrigoyen reprime sangrientamente la sublevación popular. El ejército entra en la ciudad; se arman grupos civiles de la oligarquía que asaltan locales e imprentas obreras y realizan verdaderas "razzias" en los barrios obreros con un saldo de entre 800 y 1.500 muertos -según las fuentes diplomáticas de la época- y más de 4.000 heridos, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Genocidio sólo comparable a los de Rosas y Roca contra los indios, que pasará a la historia oficial con el nombre de Semana Trágica.

Pese a la masacre, los ecos del levantamiento obrero y popular de la Semana de Enero de 1919 llegarán hasta los más apartados rincones, conmoviendo a los explotados y a los explotadores de esos verdaderos imperios latifundistas del norte y del sur argentinos. Ejemplos de esto serán las históricas huelgas de los hacheros alzados contra La Forestal y la rebelión de los obreros rurales y campesinos pobres en la Patagonia, en 1920 y 1921.

En 1920 hubo una nueva y prolongada huelga de marítimos, que fracasó. Pero ya para entonces se sentían los primeros indicios de malestar en el sur de la Patagonia, que en 1921 y 1922 tendrían un trágico desenlace. Osvaldo Bayer, investigador de estos hechos, destaca que los grandes stocks de lana, acumulados al terminar la guerra por falta de compradores, fueron el desencadenante de los sucesos de la Patagonia. Una gran crisis se abatió sobre los estancieros, los comerciantes y, sobre todo, los peones, que vivían y trabajaban en condiciones inhumanas.

Activados por dirigentes anarquistas de Río Gallegos, los peones rurales empezaron a manifestarse en el invierno de 1920. A fines de ese año, y comienzos de 1921 se generalizó la huelga en el territorio de Santa Cruz, y algunos grupos ocuparon estancias y tomaron rehenes, aunque sin cometer hechos irreparables. Las denuncias de la Sociedad Rural local y las exageradas informaciones publicadas por la prensa de Buenos Aires movieron a Yrigoyen a enviar al coronel Héctor B. Varela con efectivos del 10° de Caballería a poner orden en la zona. El coronel Varela logró que las partes en conflicto llegaran a un avenimiento, que reconocía la mayor parte de los pedidos de los huelguistas.

Comenzaron las huelgas, y con ellas el consiguiente apedreo amarillista de la prensa oligarca en Buenos Aires, denunciando situaciones gravísimas en donde exigían al gobierno nacional evitar los avances de "forajidos y delincuentes, con feroces anarquistas a la cabeza, 600 de ellos armados, envalentonados por la pasividad oficial", según La Prensa.

El 29 de enero llega a Río Gallegos el gobernador titular Izza, quien había sido designado por los estancieros como árbitro del conflicto. Varela desembarca en Santa Cruz junto a sus soldados tres días después, el 1° de febrero. Luego de realizar algunas inspecciones personales, Varela comprobó que los grandes diarios habían deformado los hechos. Se dirigió a Río Gallegos para entrevistarse con Iza, manifestándole sus intenciones de solucionar el pleito pacíficamente.

Al llegar el verano de 1921 el conflicto volvió a estallar, pero ahora con mayor encono. Grupos de delincuentes infiltrados entre los huelguistas cometieron desmanes que se atribuyeron a los trabajadores; éstos, convencidos de que los patrones no cumplirían nunca lo prometido, dieron a su protesta una mayor virulencia. El coronel Varela, a su vez, creyendo haber sido traicionado por los huelguistas y sospechando que el gobierno chileno estaba detrás del movimiento, se atribuyó poderes que nadie le había otorgado y se lanzó a una represión indiscriminada. Decenas de huelguistas fueron fusilados, muchos fueron reintegrados por la fuerza a las estancias y algunos debieron escapar rumbo a Chile.

En Buenos Aires los sucesos de la Patagonia tuvieron repercusión en el Congreso pero no se investigaron a fondo. El gobierno no tenía interés en destapar un asunto en el que podía enjuiciarse su responsabilidad y la del ejército; los socialistas cumplieron formalmente con un pedido de informes. Sólo los anarquistas clamaron por los masacrados de la Patagonia y juraron venganza contra Varela, quien más tarde fue asesinado por un joven alemán, muerto, a su vez, por un miembro de la Liga Patriótica mientras estaba en Villa Devoto esperando su condena.

El 15 de febrero se convoca a una reunión entre partes donde se plantea la necesidad de que los obreros entreguen las armas y los rehenes tomados, y que sometieran a la justicia los hechos ilegales. Sólo después de esta instancia se discutirían los reclamos de los obreros.

Se organizó una asamblea que decidió, por 350 votos contra 200, entregarse al ejercito. En el grupo minoritario se encontraban quienes habían realizado actos vandálicos, comandados por El Toscano y El 68, los cuales decidieron huir hacia la zona cordillerana.

El 24 de febrero se formalizaron las entregas, y en reunión posterior entre los estancieros y la Federación Obrera Regional se aprobó el "laudo Izza"; que enmarcaba como reales las circunstancias planteadas por el pliego obrero. Varela decidió sumariar a los policías que habían cooperado en el apaleamiento de huelguistas. Los trabajadores de Santa Cruz habían triunfado.

Pero la solución pacifica del conflicto dejo insatisfechos a grupos como la Sociedad Rural, los estancieros y los ganaderos, quienes creían irrisorio que no se hubiese castigado a los obreros por haber realizado la huelga, y que además se les otorgara una compensación por los días no trabajados durante el paro. Mientras los obreros pensaban nuevas reivindicaciones, los grandes diarios de Buenos Aires seguían denunciando hechos de vandalismo, sin hacer distinción entre éstos y los auténticos reclamos obreros.

La oligarquía aplastó sangrientamente estas luchas. Pero ese río de sangre dividió las aguas de la lucha de clases en la Argentina, creando nuevas condiciones para la maduración de la conciencia revolucionaria.

Cuando los ecos de la represión de Santa Cruz llegaban a Buenos Aires, las manifestaciones de malestar social estaban remitiendo notablemente. Las causas: los sustanciales aumentos salariales obtenidos por muchos sectores y, sobre todo, la normalización de la economía producida por la posguerra. Además, los sindicatos anarquistas habían quedado debilitados. Se había producido, a lo largo de los años de Yrigoyen, una significativa nacionalización de las fuerzas del trabajo. Aún con errores y culpas en el manejo de las cuestiones laborales, el gobierno radical había evidenciado que era sincera su preocupación por el mejoramiento de la situación de los trabajadores. Un colaborador de Yrigoyen, el Dr. Víctor Guillot, sintetizaba así, por esos años, la concepción del presidente: "Arrancar al Estado de su posición indiferente u hostil frente a las colisiones entre capital y trabajo, y practicar un intervencionismo orgánico y sistemático conducido por elevadas inspiraciones de humana equidad". En los años siguientes, el número de huelguistas llegó a ser sólo la décima parte del que había alcanzado en la época de Yrigoyen, y no se registró ningún movimiento de signo violento: era el fruto de la conciliación social iniciada por el primer presidente radical.

Uno de los capítulos de la primera presidencia de Yrigoyen que no se puede pasar por alto, fueron los sucesos de la Patagonia, cuya explicación plena no fue ni es fácil a causa de los intereses que estuvieron en juego y que presionaron desde la gran prensa y en las esferas del gobierno quizá sin conciencia de sus consecuencias finales.

En 1920, en plena postguerra, el precio de la lana argentina, como la de todo el mundo, comenzó a caer en grandes proporciones, de $9,74 a $3,08, ubicándose en los niveles normales de tiempos no bélicos. Este proceso, producto de la caída de la demanda mundial, provocó grandes crisis para los estancieros latifundistas que usufructuaban el suelo patagónico a través de la cría de ganado lanar.

Esos mismos estancieros de elite, quienes anotaban a sus hijos en Chile, por la cercanía, o utilizaban el idioma ingles en sus estancias, e inclusive izaban la bandera británica; pidieron ayuda a Don Hipólito Yrigoyen porque sus negocios no se mantenían en los niveles de antes.

Y pese a sus grandes aunque mermadas ganancias, obligaban a los peones a trabajar con 18° bajo cero arriando majadas. Los esquiladores terminaban jornadas de 16 horas con los brazos agarrotados, mientras que los obreros trabajaban 12 horas por día 27 días al mes.

Esta insostenible e inhumana situación culminó en una serie de actos de tendencia anarquista, prohibidos por el gobernador interino de Santa Cruz; un comisario inspector de nombre Falcón.

La situación de los arrieros, ovejeros, peones de las estancias patagónicas era penosa y ajena a todo amparo; se trabajaban de 12 a 15 horas diarias y los salarios eran ínfimos, y muchas veces pagados en documentos o en moneda extranjera con fuerte deterioro al hacerlos efectivos. Los obreros exigían a través de un pliego condiciones como que en habitaciones de 16 m² no durmiesen más de tres hombres; que los patrones entregaran un paquete de velas por obrero mensualmente (la noche se extiende por 14 horas, y los obreros debían pagar 80 centavos en las estancias paquetes de velas que valían sólo 5 centavos); que el día sábado no fuese laborable; que la comida fuese digna; y que los botiquines para curar sus sarnas y erupciones tuvieran instrucciones en castellano, pues la mayoría se encontraba en inglés, entre otras cosas. El pliego fue rechazado por la Sociedad Rural, inclusive uno posterior con menores condiciones.

Las autoridades locales respondían a las órdenes y deseos de los grandes latifundistas y dependían de ellos más que del gobierno nacional mismo. Había que acudir a la autodefensa y así lo hicieron los trabajadores de aquellos territorios. En Río Gallegos se fundó hacia 1918 una Sociedad obrera de oficios varios, que logró instalar una pequeña imprenta y una escuela y publicó el periódico 1° de Mayo. Desde Río Gallegos fueron enviados delegados al campo, las estancias y se comenzó a difundir literatura laboral para alentar la organización del trabajo. Más de una vez fue clausurada la Sociedad y encarcelados sus miembros y dirigentes. En septiembre de 1920 la Sociedad proyectó un mitin para el 1° de octubre a fin de recordar la vida y la obra de Francisco Ferrer, ejecutado en Barcelona en 1909, apasionado propulsor de la educación. La policía prohibió el acto cuando ya estaban hechos los preparativos y, entonces, como acto de protesta, se declaró una huelga general por 48 horas; fue detenido el secretario de la Sociedad y clausurado el local de la misma, hasta que el juez letrado revocó la decisión y dio autorización para celebrar los actos proyectados, con lo cual se dio por terminada la huelga el 2 de octubre.

Para contrarrestar la influencia creciente de la Sociedad obrera de Río Gallegos, se formó una Liga de grandes comerciantes y latifundistas, la cual, con la Sociedad rural, inició una ofensiva contra la organización obrera; fue boicoteado el periódico La Gaceta del Sur por haber aplaudido la actitud de los trabajadores en la huelga de protesta de septiembre contra los excesos de las autoridades policiales; por su parte la Sociedad obrera declaró el boicot contra tres comerciantes de la Liga en represalia por el boicot contra el mencionado periódico. Se quiso entonces reunir en la comisaría a los obreros y a los comerciantes afectados para imponer un de algún modo un arreglo. Los obreros se rehusaron a acudir espontáneamente a la citación del comisario y fueron detenidos y alojados en la cárcel y puestos a disposición del gobernador interino para su deportación. La Sociedad obrera se dirigió entonces a los trabajadores del campo: "La policía de ésta ha detenido a un grupo de obreros a quienes se niega a poner en libertad a pesar de haberlo ordenado el señor juez letrado doctor Ismael P. Viñas. Tal arbitrariedad nos ha obligado a decretar y continuar el paro general por cuya razón os incitamos a dejar el trabajo y a venir a esta capital como acto de solidaridad, y hasta que nuestros compañeros recobren la libertad". El manifiesto está fechado el 21 de octubre de 1920. El 30 de dicho mes fueron libertados ocho de los detenidos, pero aún quedaban dos más, que habían sido maltratados, y mientras no recuperasen la libertad la huelga continuaría. La Sociedad obrera recomendaba: "Prosigamos como hasta aquí respetando a todo el mundo, chicos y grandes, y particularmente a las personas que se hallan investidas de autoridad. La hora de exigir responsabilidades se acerca y cuando ella suene sabremos cumplir con nuestro deber".

Comenzaron a llegar a Río Gallegos obreros de las estancias respondiendo al pedido de solidaridad de la Sociedad obrera. Y en oportunidad de hallarse reunidos en buen número se confeccionó un pliego de condiciones para reanudar el trabajo, y fue presentado a los estancieros de la zona. Se atravesaba una grave crisis en la comercialización de la lana y los dueños de los latifundios rehusaron la admisión de las condiciones reclamadas por sus peones. Las reivindicaciones eran mínimas, de higiene, de comida de descanso, etc. Se pedía un sueldo mínimo de cien pesos por mes y comida, doce pesos por día para los peones mensuales que tuvieran que conducir arreos fuera del establecimiento; y los arreadores no mensuales cobrarían veinte pesos por día si utilizaban caballos propios. Los estancieros se obligarían a poner en cada puesto un ovejero o más, según la importancia del mismo, dándose preferencia para estos cargos a los que tuviesen familia, a los cuales se les darían ciertas ventajas según el número de hijos, "creyendo en esta forma fomentar el aumento de la población y el engrandecimiento del país". Los estancieros reconocerían también a la Sociedad obrera de Río Gallegos como única entidad representativa de los obreros, y aceptarían la designación de un delegado que serviría de intermediario en las relaciones entre las partes y estaría autorizado para resolver con carácter provisional las cuestiones de urgencia que afectasen tanto a los derechos de los obreros como de los patrones.

No eran reclamos susceptibles de quebrantar el orden y la economía del país. Reacios los estancieros a escuchar esas peticiones, la huelga se hizo general en toda Santa Cruz y en Chubut.

Un sentimiento de solidaridad animó a los olvidados trabajadores de la Patagonia. Que en este vasto movimiento algunos individuos hayan abusado de la fuerza que les daba la unión y que se produjesen algunos excesos de hostilidad patronal, sobre todo cuando el ejemplo de la violencia sin freno era dado por los que tenían la misión de actuar como guardianes del orden y de la legalidad. Pero la prédica de la Sociedad obrera fue siempre responsable y no se exhortó jamás a responder a la fuerza con la fuerza.

Atemorizados los obreros de la zona del Lago Argentino por los agravios policiales, resolvieron agruparse y ponerse en marcha para buscar amparo en Río Gallegos. En el paraje denominado El Cerrito fueron tomados entre dos fuegos por la policía que les seguía desde Lago Argentino y la que salió a su encuentro desde Río Gallegos; los que tenían armas respondieron a la agresión y hubo muertos y heridos por ambas partes. Hechos de esa naturaleza alentaron la campaña que se venía haciendo desde hacía meses por la gran prensa del país que llenaba páginas diariamente sobre los " bandoleros del sur", el mote con que se quiso encubrir las reclamaciones de los obreros patagónicos. La Sociedad obrera lanzó un manifiesto en el que se decía: "Llamamos nuevamente la atención a los hombres públicos del país para que, hiriendo con la saeta envenenada a los que, investidos de autoridad, atropellan a los trabajadores, procedan al castigo de los gobernantes del territorio, únicos culpables de los luctuosos sucesos ocurridos". La prensa que acogía todas las diatribas y calumnias contra la huelga, no consideró acto de justicia escuchar esas voces. Los huelguistas comprendieron que no tenían más defensa que la que pudiesen articular ellos mismos. Se armaron como pudieron, se apoderaron de empleados policiales y los retuvieron como rehenes hasta la solución del conflicto.

Fue entonces cuando el presidente Yrigoyen resolvió enviar al coronel Héctor Benigno Varela en enero de 1921 a la Patagonia con fuerzas de caballería y marinería.

La Sociedad obrera de Río Gallegos publicó manifiestos que muestran la confianza con que eran recibidas las tropas nacionales; el 16 de enero decía en un manifiesto al pueblo y a los trabajadores: "La llegada de fuerzas del ejército y de la armada nos devuelve la tranquilidad y las garantías que los atropellos de la policía nos habían quitado. Hoy estamos seguros de que nuestros derechos de ciudadanos han de ser respetados por la presencia de estas fuerzas, y por consiguiente hemos de mantener el paro decretado con más energía que hasta la fecha. No importa que algunos patrones, confiados equivocadamente esta vez en que el ejército nacional se ha de poner incondicionalmente al servicio del capitalismo, hayan resuelto, coincidiendo con la llegada de éste, despedir a sus empleados y obreros; estos patrones sufren un gran error, porque la presencia de los elementos militares que hacen un culto del honor y de la verdad, serán el mejor contralor de la conciencia y educación de los obreros de Río Gallegos y del respeto que siempre han guardado a la Constitución y las Leyes". . .

Denunciaba también cómo el gobernador interino de Santa Cruz, Edelmiro A. Correa Falcón, secretario gerente de la Sociedad rural de Río Gallegos, mientras que por un lado prohibió toda reunión pública y el tránsito por las calles después de las nueve de la noche, convocaba a los estancieros del territorio a una reunión para concertar la acción futura.

El 3 de diciembre de 1920 Yrigoyen nombró a Oscar Schweizer jefe de policía del territorio de Santa Cruz y a mediados de febrero del mismo año llegó el nuevo gobernador, Ignacio A. Izza, capitán de ingenieros retirado. Desembarcó la tropa del Teniente Coronel Varela del transporte "Guardia Nacional" en Puerto Santa Cruz, pero al advertir que el eje del movimiento era Río Gallegos, se trasladó a esa ciudad. El nuevo gobernador comunicó a Varela que la solución debía ser pacífica y que debía tener presente tanto los derechos de los patrones como los de los huelguistas. El jefe militar propuso entonces a los huelguistas una entrevista en la estancia El Tero, a igual distancia de El Campamento, donde estaban concentrados los huelguistas, y de La Vanguardia, donde acampaba sin medios de movilidad el destacamento del capitán Laprida.

Varela e Izza llegaron a El Tero sin escolta alguna y la entrevista se realizó el 15 de febrero. Se impuso a los obreros estas condiciones: deposición de las armas, entrega de los rehenes, la justicia entendería en las responsabilidades por los hechos de sangre ocurridos.

Aceptadas esas condiciones se entró a discutir la forma en que se haría la reanudación del trabajo. Los delegados de El Campamento fueron a dar cuenta a sus compañeros de las proposiciones ofrecidas. La gran mayoría, unos 550 huelguistas, votaron a favor, y una minoría, con cierta desconfianza, optó por alejarse hacia la cordillera.

En la segunda entrevista, de regreso los delegados de El Campamento, fue acatada la rendición incondicional, la entrega de los rehenes y heridos y luego las armas. No hubo, pues, la represión sangrienta que esperaba la Sociedad rural. El gobernador Izza discutió con los obreros el pliego de condiciones y denunció que los peones habían sido pagados con vales, en moneda chilena o con cheques a plazo y señaló la importancia que tenía para los hombres que vivían exclusivamente de su salario que se les pagase en moneda nacional y de inmediato; también habló de los galpones en donde se alojaban las peonadas como "pocilgas inmundas".

Entre los huelguistas cundió la alegría por el reconocimiento que habían logrado después de tantos afanes, pero entre algunos oficiales de las tropas hubo descontento por la inacción, pues habrían preferido una operación brutal e indiscriminada. En esa tesitura se hallaban el entonces teniente Elbio Carlos Anaya y el teniente primero Sabino Adalid, que hizo declaraciones públicas contra el Teniente Coronel Varela por la solución pacífica que había logrado.

Antes de que las tropas retornasen a Buenos Aires, tuvo lugar una asamblea que reunió a todos los hacendados, con la presencia del flamante gobernador Izza. Allí los estancieros aprueban un nuevo pliego de condiciones y eligen por unanimidad árbitro del conflicto al mismo gobernador. En el mismo, los hacendados hacían nuevas concesiones. He aquí la redacción del pliego:

"Primero: Los suscriptos se obligan dentro de términos prudenciales que las circunstancias locales y regionales impongan, a las siguientes condiciones de mejoramiento económico y de higiene:

"a.- Las habitaciones de los obreros serán amplias y ventiladas reuniendo las mayores condiciones de higiene posibles; en cuanto a las cabinas, se entiende que éstas serán de madera con colchones de lana;

"b.- La luz de la sala común será por cuenta del patrón y también el fuego durante los meses de invierno;

"c.- Además del domingo, los obreros tendrán libre medio día en la semana;

"d.- La comida será sana, abundante y variada;

"e.- Cada estancia tendrá un botiquín de auxilio con sus instrucciones en idioma nacional;

"f.- Los patrones devolverán al punto donde los tomó, a los obreros que despida o no necesite;

"Segundo:

"a.- Los patrones se obligan a pagar a sus obreros un sueldo mínimo de cien pesos moneda nacional, alojamiento y comida, no rebajando ninguno de los sueldos que excedan actualmente esa suma;

"b.- Cuando el número de los obreros sea de 15 a 25, se pondrá un ayudante de cocina, y dos cuando el número de obreros sea de 25 a 40; excediendo de 40 obreros se pondrá un panadero;

"c.- Los ovejeros mensuales que tengan que conducir arreos de hacienda fuera de las respectivas estancias cobrarán 12 pesos moneda nacional diarios independientemente de sus sueldos y mientras conduzca el arreo;

"d.- Los campañistas mensuales percibirán 20 pesos moneda nacional por cada potro de amanse, fuera del sueldo que tuvieran asignado los carreteros percibirán la misma cantidad por cada novillo en las mismas condiciones.

"Tercero:

"Los patrones se obligan a poner en cada puesto un ovejero o dos, según sea su importancia; estableciendo una visita semanal por conducto de sus capataces. Los cargos de puesteros dentro de lo posible serán llenados por obreros casados acordándoles a éstos ciertas ventajas y en proporción al número de hijos que tuvieran.

"Cuarto:

"Los patrones se obligan y de hecho reconocen a las sociedades obreras legalmente constituidas: entiéndase que deberán gozar de personería jurídica. Los obreros podrán o no pertenecer a esas asociaciones pues sólo se tendrá en cuenta la buena conducta a idoneidad de cada uno.

"Quinto:

"Los obreros se obligan por su parte a levantar el paro actual de campo, volviendo al trabajo en sus respectivas faenas inmediatamente después de firmar este convenio.

"Río Gallegos, 30 de enero de 1921" .

Este pliego fue firmado por todos los poderoso latifundistas del sur de Santa Cruz. La lectura de este pliego presentado por los estancieros dice de por sí el triunfo de la lucha de los obreros de campo. En ningún lugar del país se había logrado un convenio así. Esto había sido mérito de un par de extranjeros y argentinos con confusas con confusas ideas anarcosindicalisatas. Pero las circunstancias iban a dejar en la nada todo esto, y este pliego de condiciones se iba a transformar meses después en escrita sentencia de muerte para los que habían osado levantarse.

Las tropas regresaron a Buenos Aires en mayo de 1921.

Apenas abandonaron las tropas el sur patagónico, fortalecido el movimiento obrero por los acontecimientos y su desenlace, comenzó la reacción patronal en los puertos del sur y en las estancias del interior. La policía fue reforzada por "guardias blancos" armados, surgidos al calor de la prédica de Manuel Carlés desde la Liga Patriótica, que obraba con perfecta autonomía de las autoridades nacionales. Una manifestación obrera en Río Gallegos fue atacada de improviso dejando un muerto y cuatro heridos como saldo. Los puertos de Deseado, Santa Cruz, San Julián y Río Gallegos quedaron paralizados en agosto por una huelga general. En conocimiento de esos hechos, algunos peones de las estancias propiciaron una huelga revolucionaria en todo el territorio. La represión en los puertos, las deportaciones de obreros a Buenos Aires, el encarcelamiento de militantes crearon un clima de intranquilidad y de protesta y al fin se planeó una huelga general. Se inició el paro en las estancias, se tomaron rehenes, cundió el pánico en el territorio y se reclamó ayuda al gobierno para hacer frente al peligro que representaban las nuevas tácticas empleadas por los obreros. Los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos presionaron al gobierno para que tomase medidas en defensa de los intereses de sus connacionales en el sur.

Estos últimos sucesos ocurrieron porque el precio de la lana bajó verticalmente a fines de 1921, y las empresas se encontraron con un gran stock almacenado y la siguiente esquila casi encima. Para evitarla, provocaron ellas mismas un alzamiento obrero, haciendo detener a algunos dirigentes sindicales y enviando agentes que consiguieron levantar nuevamente las armas a los trabajadores previa formación de sus "guardias blancas". Los obreros organizaron un verdadero ejército y ocuparon varias estancias con la misma moderación que en la anterior oportunidad: se hacían firmar recibos por las reses que consumían y por los productos de almacén que tomaban. Un establecimiento incendiado, se supo posteriormente que lo había sido por su dueño, un inglés llamado Paterson, para cobrar un gran seguro.

Muchos pequeños propietarios se adhirieron a la huelga por considerarla justa. Pero, agitando el fantasma de la insurrección social, las empresas obtuvieron –se ignora por qué medios– que se enviara a Varela para reprimir la huelga.

Resolvió Yrigoyen, entonces, el envío de tropas de caballería al sur, toda una expedición militar dividida en dos cuerpos; uno con el Teniente Coronel Varela, jefe de la expedición, con los capitanes Pedro Viñas Ibarra y Pedro E. Campos, y la otra a las órdenes del capitán Elbio C. Anaya. Fue agregada a esa tropa un cuerpo de gendarmería. Las fuerzas embarcaron el 4 de noviembre de 1921. Un informe militar de Anaya define así la diferencia entre la primera y la segunda expedición de Varela: "Los acontecimientos de principios de 1921 pueden titularse campaña pacífica de la Patagonia en contraposición con la de fines de 1921-22 que llamaré campaña militar sangrienta".

En el transcurso del viaje de las tropas se produjeron hechos de sangre en la estancia Bremen, cerca de Cifre, cuyo dueño era alemán. Cuando se acercaba un grupo de diez peones a pedir víveres, éstos fueron recibido a tiros por el dueño y sus parientes, quedando como saldo dos muertos y cuatro heridos. Los huelguistas tomaron rehenes como protección y los estancieros huyeron hacia los puertos de la costa e hicieron relatos espeluznantes sobre las fechorías de los peones. El Teniente Coronel Varela escuchó esos relatos y consideró que la huelga era una insurrección armada y que en ese caso era aplicable el Código Militar, la Ley Marcial. Dio a sus hombres un bando dirigido a los obreros con instrucciones precisas:

"Si ustedes aceptan someterse incondicionalmente en este momento haciéndome entrega de los prisioneros, de todas las caballadas que tengan en su poder presentándoseme con sus armas, les daré toda clase de garantías para ustedes y sus familias, comprometiéndome a hacerles justicia en las reclamaciones que tuvieran que hacer contra las autoridades como asimismo a arreglar la situación de vida para en delante de todos los trabajadores en general. Si dentro de 24 horas de recibida por ustedes la presente comunicación no recibo contestación de que ustedes aceptan el rendimiento incondicional de todos los huelguistas levantados en armas en el territorio de Santa Cruz, procederé:

"Primero: A someterlos por la fuerza ordenando a los oficiales del ejército que mandan las tropas a mis órdenes que los consideren como enemigos del país en que viven;

"Segundo: Hacerlos responsables de la vida de cada una de las personas que en este momento mantienen ustedes por la fuerza, en forma de prisioneros, así como también de las desgracias que pudieran ocurrir en la población que ustedes ocupan y las que ocuparen en lo sucesivo;

"Tercero: Toda persona que se encuentre con armas en la mano y no cuente con una autorización escrita, firmada por el suscripto, será castigada severamente;

"Cuarto: El que dispare un tiro contra las tropas será fusilado donde se lo encuentre;

"Quinto: Si para someterlos se hace necesario el empleo de las armas por parte de las tropas, prevéngoles que de una vez iniciado el combate no habrá parlamento ni suspención de hostilidades."

Varela dictó ese bando por su cuenta y lo firmó, poniendo al territorio de Santa Cruz en pie de guerra. De parte de Yrigoyen, del ministro del interior y del ministro de la guerra no recibió instrucciones precisas; solamente debía cumplir con su deber, pacificar los territorios del sur, confiando en su condición de activo radical, uno de los comprometidos en la revolución de 1905.

Se aplicó el bando con todo rigor; pero hay que consignar que en la campaña contra los "bandoleros del sur" no hubo muertos ni heridos de las tropas, y eso que se trataba de una pequeña minoría frente a los millares de obreros en huelga. Hubo un primer encuentro en Punta Alta, y allí se rescataron 14 rehenes.

Uno de los centenares de casos ocurridos es el de Santiago González, que llegó a Santa Cruz el 12 de noviembre de 1921, contratado para trabajar como albañil en el Banco de la Nación. Fue detenido en el hotel donde se hospedaba por un soldado del 10° de caballería el 10 de diciembre; entre sus efectos se encontró un folleto titulado Carta Gaucha, escrito por Juan Crusao, y un escrito titulado La Voz de mi Conciencia, de Simón Radowitzky, que circulaban ampliamente por todo el país sin ninguna traba; el 28 del mismo mes fue ejecutado. De la misma magnitud, es el caso de Albino Argüelles; secretario general de la Sociedad Obrera de San Julián, herrero de oficio y afiliado al Partido Socialista. Este hombre fue quien organizó las columnas de peones rurales patagónicos en la huelga de 1921, en la cual se pedían mínimas mejoras en las condiciones de trabajo. Cuando llegó la tropa represora del capitán Elbio O. Anaya, les pidió parlamento a los dirigentes huelguistas, los apresó y luego de hacerlos castigar duramente ordenó su fusilamiento. Su muerte fue un asesinato vil y disfrazado por el capitán Anaya en su parte militar como "muerto mientras trataba de huir". La acostumbrada ley de fugas que en tiempos más actuales se convirtió en "desaparición" de personas.

El 22 de noviembre hizo imprimir Varela un nuevo bando, en el que dice que: "Se pasará por las armas a quienes no se entregaren a la primera intimación de las fuerzas militares o fueren sorprendidos por éstas con armas en la mano en actitud de resistir".

Quedaron en la memoria los sucesos de Paso Ibáñez, hoy Comandante Piedrabuena, a donde llegó una columna de 900 huelguistas, que ocupó el pueblo. Querían conferenciar con Varela y enviaron emisarios con ese propósito; se les respondió que debían rendirse incondicionalmente en el término de tres horas so pena de ser sometidos por la fuerza y pasados por las armas los que desacataren las órdenes impartidas. Sin garantías, los huelguistas entregaron los rehenes y huyeron hacia Río Chico y hacia la Estancia Bella Vista. Uno de los dirigentes, Avendaño, se entregó, probablemente con miras a negociar la rendición, y fue fusilado en Río Chico; luego se persiguió a los que se dirigían a Cañada León y fueron tomados 480 huelguistas, 4.000 caballos y 298 armas largas de todo tipo y calibre, 49 revólveres. Más de la mitad de los que se habían entregado sin combatir fueron ejecutados. Después de Cañada León, donde se halla la Estancia Bella Vista, Varela se dirigió hacia el Lago Argentino, donde tomó la estancia La Anita, de Menéndez Behety, en la que 500 hombres se rindieron sin combatir, siendo liberados 80 estancieros, mayordomos de estancia, gerentes, administradores y policías. Se procedió a fusilar sin freno alguno a los rendidos por las fuerzas que mandaba Viñas Ibarra. En conocimiento de los hechos ocurridos y de los métodos de la represión militar, hubo un intento de resistencia en estación Tehuelches, donde fueron heridos dos soldados y cayeron varios dirigentes de la huelga, José Font entre otros; pero en Tehuelches y Jaramillo el grupo de los huelguistas fue totalmente aniquilado.

Cientos de obreros fueron detenidos, apaleados y recluidos en dantescos depósitos, sin la menor forma de proceso. De ellos se escogía a quienes señalaban los representantes de las empresas, y se los llevaba al campo para fusilarlos. A algunos se les hacía cavar su propia fosa y luego se incineraban los cadáveres. En el Cerrito, en el Cañadón de la Yegua Quemada, actualmente Cañadón de los Muertos, y en otros puntos, fueron exhumados más tarde cientos de cadáveres.

Las publicaciones que vieron la luz sobre los hechos sangrientos de la Patagonia, en el curso de los mismos y después, son copiosas y pueden adolecer de parcialidad en favor de los huelguistas, que fueron víctimas, pero la verdad es que la segunda campaña del Teniente Coronel Varela dejó en aquellas regiones lejanas cerca de un millar de muertos, en su mayoría chilenos y españoles.

Muchos que no aprobaron aquellos métodos para resolver conflictos laborales callaron, guardaron silencio, pero eso no impidió que en todo el país cundiese una sentencia condenatoria, también en los círculos radicales, y en las esferas gubernativas.

Varela regresó a Buenos Aires, dejando 200 hombres al mando de Anaya y Viñas Ibarra; el ministro de la guerra lo recibió fríamente y el Congreso se levantaron voces acusadoras, una de ellas la de Antonio Di Tomaso:

"En el primer momento creyeron muchos de los obreros que la intervención de la tropa, si se producía como en el año 20, podría servir como un factor amigable, ya que se trataba de un elemento extraño al lugar, que tenía el prestigio de las armas de la Nación y que carecía de interés en el conflicto. En cambio, señores diputados, lo que se ha producido lo sabe todo el mundo. Se ha hecho una masacre y, para ocultarla se ha fraguado la leyenda del combate, se ha intentado dar la impresión de que allí ha habido batallas campales, de que un ejército perfectamente equipado y municionado atacaba a las tropas de la Nación. Todo eso es inexacto. Desde luego hay un dato que todos los diarios recogen, que nadie se ha atrevido a tergiversar porque habría sido imposible hacerlo: ¡No se han producido bajas en las tropas! Es extraño que un ejército de bandoleros bien armados, con buenos tiradores, que pelean en batallas campales, no causen una sola baja a las tropas nacionales, mientras mueren decenas de ellos".

Fue una requisitoria aplastante. Se pidió el nombramiento de una comisión investigadora, pero la mayoría radical impidió que prosperase la iniciativa.

Félix Luna expresó en su biografía del jefe del radicalismo que Yrigoyen no supo con certeza lo que pasó en Santa Cruz.

El ministro de relaciones exteriores, para contribuir por su parte a la solución de las tensiones sociales, inició negociaciones con Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay a fin de concretar un tratado que permitiese seleccionar la inmigración tendiente a evitar de ese modo la entrada de elementos perturbadores e indeseables, a los que se atribuían todos los conflictos de trabajo. El tratado auspiciado quedó olvidado por falta de apoyo en los países que habría debido firmarlo; no obstante, el gobierno nacional adoptó medidas para evitar la entrada de los llamados "extranjeros peligrosos".

Las empresas, que dirigieron todo, aprovecharon para liquidar de esta suerte a peones y pequeños propietarios a quienes debían dinero o cuyos campos ambicionaban. Además, abultaban los recibos firmados por los obreros para hacerse pagar por la Nación los supuestos daños causados por la huelga. Fue, en todo sentido, un episodio digno de "conquista y pacificación" de la Patagonia realizadas por las grandes empresas explotadoras a fuerza de látigo, y que dio a este pedazo de tierra argentina la triste denominación de "Patagonia Trágica".

Todo tuvo un desenlace sombrío como el episodio es sí. Dos años después de los sucesos, el Teniente Coronel Varela fue muerto por el hermano de uno de los fusilados en el Cañadón de la Yegua Quemada, Kurt Gustav Wilckens, que declaró haberlo hecho para vengar a sus compañeros asesinados. Estando bajo proceso, el centinela de vista que le adjudicaron una noche, lo despierta, le encañona el revólver por la mirilla del calabozo y lo mata a sangre fría; este oficial resultó ser un enfermo mental que, siendo policía, había sufrido heridas en uno de los encuentros sostenidos en Santa Cruz contra los huelguistas. El asesino del hombre que había matado al Teniente Coronel Varela fue recluido en un manicomio, y allí, a su vez, fue muerto por un antiguo huelguista patagónico que se hizo pasar por demente para ser internado en el instituto y llevar hasta allí la roja cadena de revanchas.

Yrigoyen nunca supo con certeza lo que pasó en Santa Cruz. Cuando el Dr. Viñas lo entrevistó para relatarle los horrores cometidos y pedirle que se procesara a los responsables, Yrigoyen no quiso hacerlo; dijo que una medida semejante acarrearía el desprestigio de las fuerzas armadas, y que la fe del pueblo en las instituciones debía salvarse aun a costa de la impunidad de algunos culpables. Sería injusto pensar que no castigó a los responsables porque le fueron indiferentes los desmanes cometidos: muchas veces demostró el valor supremo que le asignaba a la vida humana. Lo único cierto es que él no autorizó las barbaridades que se perpetraron; pero tampoco hizo nada para castigar a los culpables.

Fue durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen que se masacraron obreros en la llamada Patagonia Rebelde, en alusión a las huelgas desatadas por los grandes stocks de lana acumulados al terminar la Primera Guerra Mundial por falta de compradores. La violencia de clase fue la respuesta empleada durante la gestión de éste contra la movilización obrera. Los pedidos de esclarecimiento abortaron frente a la actitud de la bancada radical en el Parlamento, que impuso su mayoría contra la conformación de una comisión investigadora.

En la impresionante huelga que tuvo lugar en Santa Cruz, las masas enfrentaron la represión de las fuerzas oligárquicas con un elevado grado de violencia, dejando enseñanzas que aún hoy tienen vigencia. Sin embargo tanto el Partido Socialista como el incipiente Partido Comunista le dieron la espalda a la lucha violenta del proletariado. El Partido Socialista por oponerse, el Partido Comunista por ignorarlas. Desde nuestro punto de vista los hechos mostraron hasta dónde podía llegar el movimiento obrero encabezado y dirigido por los sectores más avanzados del anarquismo. Estos, por sus concepciones dejaron librado a la lucha espontánea de las masas la destrucción del Estado oligárquico. Carecieron de una línea que hiciera posible el avance de la lucha revolucionaria en la Argentina.

Sobre las huelgas de la Patagonia debe decirse que:

a.- Constituyeron el primer boceto revolucionario. Este primer boceto mostró que el proletariado tenía fuerza y capacidad (aun en las condiciones descriptas) para hegemonizar al conjunto del pueblo y hacer temblar las clases dominantes.

b.- Sin embargo, hubo errores que facilitaron el aislamiento del proletariado y su represión sangrienta:

 

• La falta de una comprensión de la cuestión nacional en un país dependiente como el nuestro facilitó que la oligarquía y el gobierno instrumentaran falsas banderas patrióticas para dividir al movimiento y aplastar las luchas.

   

   

• Las concepciones espontaneístas del anarquismo impidieron la existencia de un plan y de la preparación militar que posibilitara al proletariado y las masas populares crear una situación revolucionaria directa.

   

El Partido Comunista, por sus insuficiencias teóricas, sus concepciones erróneas y su profunda desconfianza en el potencial revolucionario del proletariado argentino, no hizo autocrítica sobre sus posiciones ni extrajo enseñanzas correctas de estas impresionantes luchas. Por lo tanto, no pudo desarrollar una línea de hegemonía proletaria ni afirmar el camino armado para el triunfo de la revolución en la Argentina.

Por su parte, la actitud del yrigoyenismo grafica el doble carácter de la burguesía nacional, que por un lado forcejea y por el otro concilia con el imperialismo y la oligarquía terrateniente. Y si bien hace concesiones al movimiento obrero y popular, para tratar de mantenerlo bajo su protección, temerosa del desborde, reprime violentamente las luchas que se salen de su control.

La experiencia del yrigoyenismo en el gobierno mostró, en definitiva, el fracaso del camino reformista para resolver las tareas agrarias y antiimperialistas. Su conciliación, particularmente con los grandes terratenientes ganaderos, facilitó la recuperación de posiciones por parte de la oligarquía y el imperialismo, que pasaron a predominar abiertamente con el gobierno de Alvear.

La muerte del coronel Héctor Varela fue un atentado individual llevado a cabo por el obrero anarquista Kurt Gustav Wilckens en 1923.

Osvaldo Bayer rescata la acción de Wilckens como justa reacción frente a la injusticia y la impotencia. Mempo Giardinelli, por el contrario, rememora que: "En 1922 gobernaba Hipólito Yrigoyen, no un tirano. Por lo tanto, Wilckens no ejerció ningún derecho de matar al tirano. (...) Y sin embargo, cuando Wilckens asesinó a Varela, no mató al tirano: sino que comenzó a matar a nuestra imperfecta democracia" .

En el caso de Wilckens, creemos que su objetivo era derrotar al sistema, al aparato represor del Estado. Pero de todos modos su gesto no es evaluado por la intención con que fue realizado, sino por la concepción política que lo puso en marcha y, también, por sus resultados concretos. Su acción individual presuponía una determinada concepción ideológico-política. Esta acción no puede medirse desde el lugar de la venganza planificada sino con la identificación del momento por el que atravesaba el proceso de formación ideológica de la clase obrera durante las primeras décadas del siglo en Argentina. Una etapa en la cual el ideario libertario y sus distintas formas de acción –entre ellas la directa– tras haber sido hegemónico en las direcciones y experiencias de las masas trabajadoras, perdía vigor precisamente por su incapacidad para constituirse en alternativa efectiva. El anarquismo contaba entonces con fuerte inserción en las fuerzas proletarias y populares y gran predicamento como perspectiva teórica y metodológica. Pero no es casual que el gesto de Wilckens tuviera lugar en momentos de franca e irreversible declinación del movimiento anarquista. Su acto, por tanto, era un gesto desesperado, aunque estuviera afincado en la esperanza. Una dirección política empeñada en llevar conciencia a los explotados y oprimidos y edificar una alternativa de masas, ciertamente debiera haber tomado distancia de aquel acto. Pero no desde el oportunismo nauseabundo de quienes buscan un lugar en el sistema capitalista con la misma desesperación con que Wilckens trataba de destruirlo.(*)

(*) Fuente: Verónica Johana Farjat, "La patagonia rebelde", monografía editada originalmente en monografias.com